La costa en disputa: Cambio climático, desarrollo y despojo en Puerto Rico

   

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Este artículo fue escrito en colaboración con Yamilín Rivera-Santiago

Y el político grueso
nos convida al progreso,
trayendo la amnesia total;
sustituye el alma
por concreto, con calma,
trayendo la amnesia total.

-Roy Brown, Yo no sé cual es la verdad

El Caribe—y Puerto Rico en particular—se encuentra en la encrucijada de múltiples crisis que se traslapan: climática, energética, económica, y política. Dichas crisis no están aisladas; se alimentan una a la otra dinámicamente, incrementando la vulnerabilidad y el despojo de la población a su entorno natural de forma estructural, y no accidental.

Algunas de estas son crisis chocantes: en 2024, el calor extremo acrecentado por el cambio climático expuso a casi todos los residentes de vivienda asequible en Puerto Rico a muchos días de temperaturas peligrosamente altas. Para el año 2050, un alarmante número de instalaciones de infraestructura esencial costera de la cual dependen los puertorriqueños a diario estarán bajo agua por lo menos dos veces al año — solamente debido al incremento en el nivel del mar. Esta difícil realidad climática se complica con el hecho histórico de que la precariedad moderna en Puerto Rico toma forma debido a la subordinación colonial: hace más de un siglo que las decisiones que afectan las vidas del pueblo puertorriqueño se toman fuera de Puerto Rico.

Ahora una nueva propuesta de ley en la legislatura puertorriqueña pretende despojar al pueblo de Puerto Rico de su paisaje costero que al presente está protegido por la constitución.  Dicha propuesta, de convertirse en ley, limitaría el acceso público a las playas y facilitaría un desarrollo costero privado en momentos en que la crisis climática, energética, y de asequibilidad de vivienda exigen la protección y conservación de los recursos costeros.

El aumento en el nivel del mar, la erosión costera, y feroces huracanes empeorados por el cambio climático alteran el paisaje del archipiélago de Puerto Rico. Las inundaciones costeras, ribereñas y tierra adentro son la norma y no la excepción, lo cual pone en riesgo vidas y viviendas, así como la infraestructura esencial y los ecosistemas. Estos cambios tienen consecuencias visibles: comunidades costeras desplazadas, pérdida de terrenos habitables, contaminación de acuíferos y sistemas de saneamiento, impactos en áreas de pesca y seguridad alimentaria, y rutas de desalojo en peligro.

Simultáneamente, la dependencia en combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica agrava las múltiples facetas de la crisis. La quema de fósiles no solo contribuye a las emisiones que causan el cambio climático, sino que también impone elevadas y muy desiguales cargas sociales y económicas: altos costos energéticos, inestabilidad en la red de generación y distribución eléctrica, y vulnerabilidad que persiste entre la población durante y después de eventos climatológicos extremos.

Después del Huracán María en 2017, Puerto Rico atravesó por una vertiginosa devaluación inmobiliaria, especialmente en las áreas más vulnerables. Esto se combinó con un éxodo masivo, lo cual creó las condiciones para una transferencia acelerada de terrenos e inmobiliario.

Mientras que los inversionistas—tanto locales como extranjeros—y los llamados nómadas digitales adquieren inmuebles, el gobierno de Puerto Rico establece políticas públicas para favorecer a los inversionistas, las cuales ponen en desventaja a los puertorriqueños, distorsionando el mercado inmobiliario y dificultando el acceso a la vivienda asequible. Así las cosas, se abre un nuevo frente en el ámbito legal que amenaza con limitar el acceso a la costa y acelerar el despojo costero.

En Puerto Rico, la costa es un bien común con larga trayectoria en el dominio público, con acceso y disfrute públicos, a la vez que un espacio con gran sentido cultural que también brinda protección contra los impactos climáticos. Dichas costas se han convertido en un campo de batalla entre el pueblo de Puerto Rico e inversionistas y un gobierno que atiende los deseos de los inversionistas y no del pueblo. La lucha por el uso de las zonas costeras está ligada a la crisis social y económica después del Huracán María, la pandemia del COVID-19, y la secuencia de temblores de 2019-2020. Mientras el costo de vida—en particular los costos de vivienda y energéticos—siguen subiendo, el pueblo de Puerto Rico es desplazado de sus hogares, excluidos del proceso de toma de decisiones, y a la merced de la especulación en bienes y raíces.

El Proyecto de la Cámara 25 (PC25), el cual propone redefinir la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) busca reducir por mucho la ZMT, otorgando el dominio público a los dueños de propiedad privada. Dicho proyecto está impulsado por la creciente demanda de desarrollos costeros de lujo, cuyos desarrollistas e inversionistas buscan evadir las protecciones constitucionales que garantizan el acceso libre y público a las playas y otras zonas costeras. Y efectivamente, el proyecto fue redactado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico. El PC25 emerge entre impactos climáticos en alzada y presión para incrementar el desarrollo costero. Las zonas costeras ya no son meramente espacios ecológicos o de esparcimiento. Se han convertido en una falla de despojo colonial, donde el acceso, el control, y el sentido de pertenencia están cambiando.

La Zona Marítimo-Terrestre es un bien de dominio público protegido por la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está definida por una ley de 1968 como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas”. Esto significa que la ZMT:

• Incluye la parte de la costa que mojan las mareas, pero también las olas que crean los ciclones tropicales.
• Pertenece a todas las personas, no está sujeto a usos privados
• No puede ser comprada, vendida, escriturada a particulares, o embargada.

Adicionalmente, existen protecciones que prohíben la construcción de estructuras permanentes tierra adentro de la MTZ, las cuales proveen protección contra los impactos climáticos.

Al presente, la ZMT incluye la porción de la costa que mojan las mareas. así como las olas de los ciclones tropicales. El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) es la agencia en Puerto Rico encargada de proteger y conservar la ZMT. El DRNA también establece los límites (o deslindes) que separan la ZMT de la propiedad privada. La ley en Puerto Rico establece una serie de servidumbres desde el límite de la ZMT 50 metros tierra adentro donde está prohibida la construcción de estructuras permanentes (este artículo contiene una excelente explicación.)

Gracias a la ZMT el pueblo de Puerto Rico y los turistas pueden disfrutar libremente y hacer uso de las muchas playas, ríos, y zonas costeras del archipiélago. La libre navegación en los cuerpos de agua, el turismo, y la seguridad alimentaria mediante la pesca y otras actividades en la economía azul en costas y ríos (con un valor estimado de 2,3 mil millones de dólares en 2022 según NOAA) es posible gracias a la ZMT.

Los manglares, arrecifes de coral y otras barreras naturales protegen la costa de impactos climáticos como la erosión costera y las marejadas ciclónicas—también cortesía de la ZMT. La ZMT protege la costa puertorriqueña del desarrollo costero privatizado, atropellado y mal alineado con las necesidades de adaptación climática de Puerto Rico.  Las áreas de valor arqueológico tanto como hábitats de especies anfibias a lo largo del litoral también están protegidas del desarrollo por la ZMT.

El PC 25 propone usar el “mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios” en base a los mareógrafos de NOAA como criterio para cambiar la definición legal de la ZMT, eliminando el segundo criterio en la definición existente que incluye el alcance de las olas durante tormentas ciclónicas. Con este cambio, el dominio público de la ZMT terminaría donde la marea moja la arena, usualmente donde el sargazo, algas marinas u otros escombros son llevados a tierra por la marea.

Si esta propuesta se convierte en ley, la parte de la playa donde podrán poner su silla de playa los bañistas sería en la arena mojada por la marea. Pero esto no es un mero inconveniente para los que gustan disfrutar de la playa; también privaría a Puerto Rico de protecciones esenciales en contra de marejadas ciclónicas, incremento en el nivel del mar, y erosión costera, y fácilmente resultaría en la privatización de zonas costeras. Todo esto traerá nocivas consecuencias para el libre acceso a las playas, acceso a la vivienda, el turismo, y la economía azul.

¿Cuál es el problema con usar solo el nivel la marea para redefinir la ZMT? El litoral de Puerto Rico es micromareal, alcanzando apenas un rango vertical de 0,3-0,4 metros, o sea, que no contribuye la gran cosa a la morfología de la costa. Los factores que realmente cambian la forma de la costa en Puerto Rico son el oleaje, los ciclones tropicales, las marejadas ciclónicas, y la variabilidad climática—procesos con amplitudes mucho más grandes que las mareas, según el testimonio sometido por el Dr. Miguel Canals, director del Center for Applied Ocean Science & Engineering de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y experto en la dinámica de las mareas.

En un mundo sin cambio climático, sin potentes huracanes, sin marejadas ciclónicas desastrosas, y sin inundaciones ni erosión costera, una ZMT definida solamente en base a las mareas incrementaría el tamaño de la propiedad privada costera como indudablemente esperan que ocurra los autores de la medida (como ya dijimos—la Asociación de Constructores de Puerto Rico) para facilitar el desarrollo costero. Pero vivimos en un mundo con un clima alterado que hace que el mar se trague la costa, de manera que redefinir la ZMT solamente en base a la marea va a reducir de manera legal la ZMT, eventualmente convirtiéndola en una zona marítima—sin componente terrestre. La porción que esté bajo agua no podrá ser fácilmente utilizada. Por ejemplo, los bañistas usualmente no van ponen sus sillas en la arena mojada. También saldrán perjudicados los que compren, y luego pierdan, sus inmuebles cuando se los trague el mar—inmuebles construidos por los mismos desarrollistas que escribieron la ley.

Excluir las tormentas ciclónicas de la nueva definición del ZMT intencionalmente hace caso omiso del muy real impacto del cambio climático en la morfología del litoral boricua. Por ejemplo, un estudio determinó que la mayoría de las playas en Puerto Rico perdieron elevación y amplitud después del Huracán María en 2017. Las proyecciones de incremento en el nivel del mar para Puerto Rico (entre 0,33-3,75 metros para el año 2100 en base a un rango de escenarios de emisiones bajas a extremadamente altas), tanto como de erosión costera—las cuales cambiarán la MTZ—no fueron incluidas en el borrador del PC25.

Otro aspecto desconcertante del PC25 es que menciona el Reglamento 4860 del DRNA para justificar el uso arbitrario tanto de datos como de la realidad climática. El Reglamento 4860 compete al manejo y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la ZMT. Fue adoptado en 1992 para actualizar la ZMT de acuerdo a avances científicos, política pública ambiental, y necesidades actuales relacionadas a la protección y preservación de la ZMT. Pero como hemos visto, el PC25 hace exactamente lo contrario: Hace caso omiso de los avances científicos de la ciencia climática al obviar los efectos de las tormentas ciclónicas en la definición del ZMT, no está a tono con el principio constitucional de preservar y conservar los recursos naturales, e ignora las necesidades actuales (y a futuro) de proteger la ZMT de los impactos climáticos.

El PC25 pudiera traer graves consecuencias para el manejo y desarrollo costero de un Puerto Rico que se enfrenta a su difícil realidad climática. Los cambios propuestos por el PC25 requieren una discusión exhaustiva que incluya la opinión y el sentir de expertos científicos y miembros de la comunidad de toda la sociedad civil. Pero el borrador del proyecto no cuenta con el peritaje de voces científicas clave—muchas instituciones científicas y profesionales han expresado sus preocupaciones sobre la falta de criterios científicos adecuados en el PC25.

¿Y quién se beneficiaría de las reducciones de la ZMT? Es muy revelador el hecho de que la Asociación de Constructores de Puerto Rico haya redactado la propuesta de ley. Una ZMT redefinida en la forma en que propone el PC25 facilitaría el desarrollo costero atropellado (y mal alineado con las necesidades de adaptación climática) por parte de los desarrollistas, quienes generarían cuantiosas sumas de dinero en el corto plazo por la venta de inmuebles costeros que se verían crónicamente bajo agua en apenas unos años y tragados por el mar en décadas.

La reducción de la ZMT propuesta por el PC25 hace caso omiso de la evidencia científica del cambio climático y contradice los principios más fundamentales de la planificación resiliente al clima. De paso, violenta el mandato constitucional de protección y conservación de los recursos naturales en Puerto Rico.

Construir infraestructura en zonas costeras que serán devoradas por el mar resultará en pérdidas materiales y posiblemente de vidas humanas.  El geomorfólogo puertorriqueño y profesor de la UPR, el Dr. José Molinelly Freyes dijo recientemente que la ZMT debe expandirse tierra adentro porque Puerto Rico está perdiendo cada vez más sus costas debido al cambio climático. Pedro Cardona-Roig, planificador urbano y quien en años pasados formó parte de la Junta de Planificación de Puerto Rico, ofreció una opinión similar: “Es imprudente y es ilógico lo que se está proponiendo porque lo que debiéramos estar haciendo es totalmente lo contrario: es ampliar ese espacio para tener un área de amortiguamiento y estar seguros de que la energía de la ola no afecte la vida y propiedad”.

Debemos pensar en la ZMT como un límite elástico y cambiante, y no como una línea fija, cuya definición debe incorporar proyecciones sobre incremento en el nivel del mar, marejadas ciclónicas en potencia, la velocidad con la que avanza la erosión costera, evaluaciones de riesgos de inundación tanto como las necesidades de adaptación climática de la infraestructura esencial.

Las instituciones científicas no son las únicas que están tomando acción para detener el PC25. Organizaciones de base comunitaria como Murciélagos Beach Defenders (MBD), cuya misión es proteger el acceso libre y gratuito a las playas de Puerto Rico, han creado una serie de recomendaciones enfocadas en la justicia social y ambiental que deben ser integradas en la creación de política pública responsable:

• Revisar y adaptar la definición de la Zona Marítimo-Terrestre para expandirla y conservarla
• Garantizar el acceso público, libre, seguro y equitativo a las zonas costeras de Puerto Rico
• Facilitar la participación comunitaria vinculante en todas las decisiones de política pública
• Requerir el uso de criterios científicos, inclusive de la evidencia sobre impactos climáticos, en la formulación de política pública
• Adoptar un enfoque abarcador y multidisciplinario en materia de política ambiental, legislación, y gestión de permisos de uso de terrenos.

Estas metas no son aspiraciones; son esenciales para proteger vidas, economías locales y ecosistemas.

La investigación científica y la gestión de la Unión de Científicos Conscientes recalca que la resiliencia climática no puede existir si no hay justicia. En Puerto Rico, esto significa que se debe hacer lo siguiente:

• Crear la transición hacia la generación de electricidad en base a fuentes renovables
• Centrar la equidad social en la recuperación después de un desastre
• Integrar marcos de base comunitaria y feministas en la planificación
• Alinear la política pública con la ciencia que informa como el cambio climático altera nuestro presente y futuro

1. Reduce el bien de dominio público costero, lo cual despojará al pueblo de Puerto Rico del uso y disfrute de sus playas y otras zonas costeras cuyo acceso al presente está protegido por la constitución puertorriqueña.
2. Aumenta la probabilidad de desarrollos costeros privados no alineados con las necesidades de adaptación climática, los cuales de todos modos se inundarán crónicamente en apenas unos años o serán tragados por el mar en décadas.
3. Hace lo opuesto de que lo hace falta, que es expandir la ZMT para crear umbrales que protejan la costa de los impactos climáticos que empeoran cada año.

La evidencia es inequívoca: la resiliencia de Puerto Rico ante el cambio climático estará fuera de su alcance en tanto y en cuanto persistan las desigualdades en el acceso a la tierra, energía y otros recursos. Puerto Rico se encuentra en una encrucijada crucial; las decisiones que se tomen hoy en materia de manejo costero, generación energética y uso de suelos definirán no solamente la capacidad de adaptarse al cambio climático, sino también el tipo de sociedad que emergerá de la misma. La pregunta no es si el archipiélago continuará cambiando—eso ya está ocurriendo. La pregunta es ¿quién carga con el costo y quién se beneficia de esos cambios?

La costa puertorriqueña no es mercancía. Es memoria, sustento, protección y futuro. Defenderla es, ante todo, defender la vida.

Si vives en Puerto Rico, toma acción aquí para decirle NO al PC25.

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